El Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centro de Datos (Redata) ha entrado en una etapa decisiva en Brasil. Sancionada el 15 de septiembre de 2026, la Ley nº 15.504 establece incentivos fiscales para la instalación y ampliación de centros de procesamiento de datos, incluidas estructuras destinadas a la computación en la nube y a la inteligencia artificial. La norma fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el 16 de septiembre.
Sin embargo, la entrada en vigor del programa todavía depende de definiciones del Gobierno federal. Entre los puntos pendientes están los criterios para identificar las fuentes de energía de bajas emisiones, las condiciones para importar equipos y los mecanismos de control de las obligaciones asumidas por las empresas. La situación fue destacada por la Folha de S.Paulo en una actualización publicada el 28 de septiembre.
Qué crea el Redata
La legislación busca utilizar incentivos tributarios para atraer inversiones en infraestructura digital dentro de Brasil. El objetivo oficial es ampliar la capacidad nacional de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos en un momento de crecimiento de los servicios en la nube y de las aplicaciones de inteligencia artificial.
Según el Ministerio de Hacienda, las empresas beneficiadas deberán cumplir contrapartidas para acceder al régimen. Una de ellas es poner a disposición del mercado interno al menos el 10% de su capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos. También están previstas inversiones en investigación y desarrollo en el país.
El programa incluye, además, exigencias relacionadas con el uso de fuentes renovables o de bajas emisiones y con la eficiencia hídrica. Para proyectos instalados en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, la política prevé una reducción del 20% en dos de esas obligaciones, según la información oficial divulgada tras la sanción de la ley.
Reglamentación será clave para la aplicación
La aprobación de la ley no resuelve por sí sola todos los procedimientos necesarios para que el Redata produzca sus efectos prácticos. El Gobierno todavía debe detallar cómo se comprobará el origen y el nivel de emisiones de la energía utilizada por los centros de datos, además de definir las reglas aplicables a la importación de equipos.
Otro punto central es la fiscalización. La norma establece compromisos para las empresas, pero el funcionamiento efectivo del programa dependerá de cómo se medirán las metas, qué organismos realizarán el seguimiento y qué consecuencias habrá en caso de incumplimiento. Estas definiciones serán determinantes para evaluar si el incentivo fiscal está vinculado a resultados verificables.
La cuestión tiene una dimensión económica y geopolítica. El Gobierno sostiene que cerca del 60% de las cargas digitales brasileñas se procesan fuera del país. En ese contexto, el país intenta aprovechar su disponibilidad de energía renovable y su infraestructura de cables submarinos para atraer nuevas operaciones y ampliar su participación en la economía digital.
Promesa de inversión y riesgos asociados
Los defensores del Redata consideran que la expansión de los centros de datos puede reforzar la infraestructura tecnológica brasileña, estimular la investigación y reducir la dependencia de servicios alojados en el exterior. La política también pretende favorecer el desarrollo de capacidades vinculadas a la nube, la inteligencia artificial y otros servicios digitales.
El debate, no obstante, incluye el coste de la renuncia fiscal y la posibilidad de que los beneficios se concentren en grandes empresas tecnológicas. La instalación de centros de datos exige un consumo elevado de electricidad y puede aumentar la presión sobre los recursos hídricos, especialmente en zonas donde el acceso al agua o la capacidad de la red eléctrica ya son limitados.
La Agência Brasil informó que organizaciones como Coalizão Direitos na Rede, el Instituto de Defesa do Consumidor y la Rede pela Soberania Digital han criticado la forma en que se condujo el proyecto. Estas entidades han reclamado mayor transparencia, contrapartidas tecnológicas más claras y salvaguardas socioambientales.
La disputa por la soberanía digital
El Redata coloca en el centro una discusión que va más allá de la atracción de capital. Para que la política reduzca la dependencia externa, será necesario comprobar si la capacidad reservada al mercado brasileño, las inversiones en investigación y desarrollo y la transferencia de conocimiento generan beneficios concretos para empresas, universidades y usuarios del país.
La Presidencia de la República registra la Ley nº 15.504, sancionada el 15 de septiembre de 2026. A partir de esa base legal, las próximas normas reglamentarias definirán el alcance real del régimen y la forma en que se equilibrarán los objetivos de competitividad, innovación y sostenibilidad.
La fase siguiente será, por tanto, decisiva. El éxito del programa no dependerá únicamente de atraer centros de datos a Brasil, sino de garantizar que los incentivos estén acompañados de controles públicos, uso responsable de los recursos naturales y resultados tecnológicos que permanezcan en el país.
