Oklahoma está considerando una nueva regla que exigirá que los padres presenten prueba de la ciudadanía o del estatus de inmigración legal de sus hijos al matricularlos en escuelas públicas. Esta propuesta, que fue aprobada por el Consejo Estatal de Educación, aún necesita pasar por la Legislatura y ser firmada por el gobernador. Aunque la medida no impedirá que estudiantes sin estatus legal se matriculen o asistan a la escuela, exigirá que los distritos escolares registren y reporten el número de alumnos para los cuales no se ha proporcionado prueba de estatus de inmigración.
La nueva regla establece que los padres o tutores legales deben presentar documentos que comprueben la ciudadanía de sus hijos, como certificados de nacimiento de EE. UU., pasaportes o tarjetas de residente permanente. La propuesta no prohíbe la matrícula de niños sin estatus legal, pero impone la obligación de que los distritos escolares informen al Departamento de Educación del Estado cuántos alumnos no tienen esta documentación, excluyendo información personal identificable.
El superintendente estatal, Ryan Walters, defendió la medida, afirmando que es necesaria para ayudar a las escuelas a recopilar información sobre la asignación de recursos y personal. Según él, la regla tiene como objetivo contabilizar cuántos estudiantes inmigrantes ilegales hay en las escuelas. De acuerdo con el Migration Policy Institute, se estima que hay alrededor de 90,000 ciudadanos sin estatus legal en Oklahoma, incluyendo aproximadamente 6,000 niños matriculados en las escuelas del estado.
La propuesta ha generado reacciones negativas entre profesores y grupos de derechos civiles, además de causar miedo en las comunidades de inmigrantes. El diputado Arturo Alonso-Sandoval, que representa una zona predominantemente hispana en Oklahoma City, expresó su preocupación por el impacto de la medida. Relató que muchos padres se están preguntando si deben cancelar la matrícula de sus hijos debido al clima de inseguridad generado por la propuesta.
Durante la reunión del consejo, cientos de estudiantes y manifestantes se reunieron para protestar contra la nueva regla. Javier Terrazas, un trabajador de la construcción, compartió que muchos padres están visiblemente asustados al recoger a sus hijos de la escuela, reflejando un clima de miedo e incertidumbre. Esta situación ha generado un ambiente tenso en las comunidades, donde los padres solo desean proporcionar las mejores oportunidades para sus hijos.
El superintendente de las Escuelas Públicas de Oklahoma City, Jamie Polk, afirmó que la ley federal garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus de inmigración. Enfatizó que el distrito no planea recopilar información sobre el estatus de inmigración de sus alumnos o de sus familias, destacando la importancia de garantizar un ambiente seguro y acogedor para todos.
Walters, por su parte, declaró que apoyará las iniciativas del gobierno de Trump para reforzar las leyes de inmigración, incluyendo la posibilidad de permitir la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las escuelas. Afirmó que el departamento está preparado para compartir información sobre inmigración con las autoridades responsables de la aplicación de la ley, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los alumnos.
La propuesta de Oklahoma se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre el derecho a la educación para niños inmigrantes. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982, conocida como Plyler v. Doe, garantizó el derecho de los niños sin estatus legal a asistir a escuelas públicas. Sin embargo, los legisladores conservadores han cuestionado esta decisión, y los expertos en inmigración advierten que los intentos de socavar este derecho deben tomarse en serio, especialmente en un momento en que decisiones judiciales recientes han desafiado precedentes establecidos.
