Para Paulo Roberto Gomes Fernandes, los debates sobre infraestructura energética revelan que la seguridad no se limita al diseño técnico, ya que depende de la operación, la fiscalización y la confianza pública. En Michigan, la propuesta de trasladar el oleoducto 5 a un túnel bajo el Estrecho de Mackinac comenzó a enfrentar críticas cuando un investigador de accidentes, contratado por la comunidad indígena de Bay Mills, planteó la hipótesis de una explosión subterránea en caso de liberación de hidrocarburos y acumulación de vapores.
La controversia no gira en torno a “el túnel es bueno” o “el túnel es malo”. El punto central es definir qué peligros deben ser tratados como materialmente relevantes y qué barreras deben exigirse para que el sistema opere con un margen adecuado. En obras confinadas, los requisitos de ventilación, detección, aislamiento, sistemas eléctricos y mantenimiento influyen directamente en el riesgo residual.
La alerta presentada y el tipo de riesgo descrito
El especialista Richard Kuprewicz argumentó que transportar petróleo y fluidos volátiles en un ducto instalado dentro de un túnel puede agravar las consecuencias de una fuga, ya que los vapores pueden quedar confinados y, si se produce una ignición, generar un evento de alta severidad. En este escenario, equipos eléctricos inadecuados, fallas de ventilación o procedimientos operativos frágiles serían factores que aumentarían la exposición.
La preocupación fue presentada como un riesgo bajo, pero no despreciable. En la evaluación de Paulo Roberto Gomes Fernandes, una advertencia de este tipo solo ayuda a la toma de decisiones cuando se traduce en parámetros verificables: una cadena de fallas plausible, supuestos explícitos, barreras independientes, criterios de aceptación y un plan de respuesta. Sin este nivel de detalle, el debate tiende a oscilar entre el alarmismo y la negación, lo que reduce la calidad de la decisión pública.
La reacción de Enbridge y la disputa sobre la admisibilidad
Enbridge solicitó que partes del testimonio fueran desestimadas en la revisión conducida por la Michigan Public Service Commission, basándose en un argumento procesal: la hipótesis de explosión no habría sido planteada anteriormente y, por lo tanto, no debería incorporarse como “refutación” en esa etapa. Además, la empresa cuestionó declaraciones de otros testigos vinculados a gobiernos tribales y a organizaciones ambientales contrarias al túnel y a la continuidad del tramo subacuático existente.
Desde la perspectiva de Paulo Roberto Gomes Fernandes, cuando la discusión pasa a centrarse en lo que puede ser aceptado como prueba, el análisis de fondo queda condicionado a decisiones formales y el cronograma tiende a extenderse. Aun así, el tema de la seguridad reaparece de manera indirecta, ya que los reguladores necesitan justificar por qué consideran un riesgo relevante, qué exigencias imponen y qué indicadores utilizarán para acompañar el desempeño del sistema.
Lo que un túnel mitiga y lo que sigue exigiendo control
La solución del túnel suele defenderse por reducir la exposición directa del ducto al agua y por permitir la inspección y el mantenimiento en un entorno más controlado. Aun así, el riesgo no desaparece, sino que cambia de forma. Pueden producirse fugas, fallas de detección, problemas eléctricos, errores humanos y dificultades de respuesta si los procedimientos y las redundancias no están bien definidos.
Como señala Paulo Roberto Gomes Fernandes, la seguridad de un ducto en túnel depende de la gobernanza operativa: ventilación adecuadamente dimensionada, sensores para la detección de gases, áreas correctamente clasificadas, equipos eléctricos compatibles, rutinas de inspección con trazabilidad, mantenimiento periódico y protocolos de emergencia debidamente entrenados. En esta lógica, una “probabilidad baja” no autoriza la negligencia, ya que las decisiones sólidas suelen exigir múltiples barreras auditables.
Licenciamiento, presión política y criterios para la decisión pública
El proyecto del túnel, estimado en cientos de millones de dólares, ya había recibido licencias ambientales estatales, mientras que el análisis de la comisión estatal seguía pendiente. En paralelo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llevaba a cabo una evaluación ambiental más amplia, con atención a los impactos ecológicos y a los debates relacionados con el cambio climático.
Mientras líderes indígenas, defensores del medio ambiente y autoridades presionaban por el cierre del tramo subacuático, la operadora sostenía que el oleoducto 5 continuaba operando de forma segura y que las alternativas logísticas podrían aumentar las emisiones. Según analiza Paulo Roberto Gomes Fernandes, el camino más sólido es anclar la decisión en criterios objetivos: metas de riesgo tolerable, monitoreo continuo, auditorías independientes, transparencia sobre el mantenimiento y condiciones claras para una paralización segura cuando no se cumplan los parámetros mínimos.
Autor: Elphida Pherys
